Por Sebastián Horacio Trovato.
Analista de seguros y siniestros viales.
Cada mañana, en algún lugar de la Argentina, una familia recibe una noticia que cambiará su vida para siempre. Un choque fatal en una ruta, un motociclista que pierde la vida en una avenida, un peatón atropellado o jóvenes que nunca regresan a sus hogares. Son hechos que se repiten con una frecuencia alarmante y que, lamentablemente, parece haberse convertido en parte de la rutina informativa de nuestro país.
Los siniestros viales continúan siendo una de las principales causas de muerte en la Argentina en todas las edades, y afectan especialmente a jóvenes. Detrás de cada cifra existe una historia, una familia y una ausencia imposible de reemplazar. Sin embargo, la repetición constante de estas tragedias ha generado algo tan preocupante como los propios siniestros: la naturalización del riesgo.
La realidad demuestra que el factor humano continúa siendo el principal protagonista de
esta problemática. El exceso de velocidad, el consumo de alcohol antes de conducir, el uso del teléfono celular al volante, las maniobras imprudentes y el incumplimiento de las normas de tránsito siguen presentes en gran parte de los hechos que diariamente ocupan los titulares.
Lo más preocupante es que muchas de estas conductas han dejado de percibirse como graves. Cruzar un semáforo en rojo porque “no viene nadie”, responder mensajes mientras se conduce o exceder los límites de velocidad suelen justificarse como simples distracciones o errores. Sin embargo, detrás de muchos siniestros existen decisiones conscientes que pudieron haberse evitado.
La imprudencia no distingue edades. Puede encontrarse en jóvenes que subestiman los
riesgos de la velocidad, pero también en adultos que incumplen diariamente normas básicas de seguridad. El problema atraviesa a toda la sociedad y refleja una preocupante cultura vial donde el respeto por las reglas muchas veces queda relegado frente a la urgencia, la comodidad o la falsa sensación de control.
Cuando ocurre una tragedia, la pregunta inevitable aparece: ¿Cuánto vale una vida?
Desde una mirada humana, la respuesta es sencilla: una vida no tiene precio. Ninguna cifra puede devolver una presencia, un abrazo o los años que quedaron por vivir. Sin embargo, cuando una persona fallece en un siniestro vial, la Justicia y el sistema asegurador deben intervenir, calcular daños e indemnizaciones y establecer reparaciones económicas para quienes sufrieron la pérdida.
Es una obligación necesaria, pero insuficiente. Porque ninguna sentencia puede devolver una vida. Ninguna póliza puede reparar una ausencia. Ninguna indemnización puede llenar el vacío que deja una pérdida evitable.
Por eso la verdadera discusión no debería comenzar después del siniestro, sino mucho antes. La seguridad vial necesita dejar de ser una preocupación ocasional para transformarse en una política sostenida y en un compromiso social permanente. No alcanza con discursos ni con convertir la problemática en una bandera que reaparece cada vez que una tragedia conmueve a la opinión pública. Se necesitan acciones concretas, educación, controles y decisiones que permitan abordar seriamente una realidad que todos los días se cobra nuevas víctimas.
Porque mientras las soluciones se postergan, cada mañana nos despertamos con una nueva noticia. Otra familia destruida. Otra vida perdida. Otro dolor que pudo haberse evitado.
La pregunta no debería ser cuánto vale una vida después de una tragedia. La verdadera pregunta es cuánto estamos dispuestos a hacer para protegerla antes de que sea demasiado tarde.
