El fuerte aumento en el impuesto a las patentes que comenzaron a recibir miles de automovilistas porteños encendió la polémica en la Ciudad de Buenos Aires. En muchos casos, las subas superaron el 100% interanual, generando malestar y reclamos por parte de los contribuyentes. Con el correr de las horas, el Gobierno porteño explicó el origen del incremento y confirmó que el cambio se debió a una modificación en el sistema de valuación fiscal de los vehículos, impulsada por la AGIP bajo la gestión de Jorge Macri.
Cambio de criterio en la valuación fiscal
Según confirmaron fuentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, en octubre de 2025 la AGIP dejó de utilizar la tabla oficial de valuaciones de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) y comenzó a tomar como referencia la Guía Oficial de Precios de Acara, elaborada junto a la consultora privada Siomaa.
Este cambio metodológico provocó un salto significativo en las valuaciones fiscales, ya que los precios publicados por Acara suelen ubicarse por encima de los valores utilizados históricamente por el organismo nacional. El resultado fue inmediato: un fuerte incremento en la base imponible sobre la cual se calcula el impuesto a las patentes.
El rol de Acara y la falta de control estatal
La Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara) es una entidad privada que nuclea a los principales concesionarios del país. Su Guía Oficial de Precios no cuenta con fiscalización estatal, un punto que generó fuertes críticas al conocerse que pasó a ser utilizada como referencia tributaria por la Ciudad de Buenos Aires.
Además, la guía presenta una limitación clave: solo publica valuaciones de vehículos patentados desde 2011 en adelante, lo que deja interrogantes abiertos sobre cómo se están calculando las patentes de autos más antiguos, sin que hasta el momento exista una explicación oficial por parte de la AGIP.
Los autos híbridos, los más perjudicados
Uno de los puntos más sensibles del cambio impactó directamente en los vehículos híbridos y electrificados, que hasta el año pasado contaban con beneficios impositivos más amplios para fomentar su adopción.
En 2024, la exención del impuesto a las patentes era prácticamente total. Sin embargo, el nuevo esquema estableció un sistema escalonado a partir del segundo año de patentamiento, con una excepción clave: los vehículos valuados por encima de los 60 millones de pesos comenzarían a pagar la patente plena desde el segundo año.
Aquí surgió uno de los casos más emblemáticos: el Toyota Corolla Cross Hybrid, el auto híbrido más vendido de la Argentina. Mientras que la tabla de la DNRPA lo ubicaba por debajo del umbral de 60 millones, la Guía Oficial de Precios de Acara lo posicionó en 62 millones de pesos, dejando a muchos propietarios porteños sin el beneficio fiscal.
Una paradoja para el propio sector
El impacto del cambio no solo afectó a los usuarios. También generó una paradoja dentro del propio mercado automotor: los concesionarios que venden autos híbridos —muchos de ellos socios de Acara— perdieron uno de los principales argumentos comerciales para impulsar este tipo de vehículos.
La quita del beneficio impositivo reduce el atractivo económico de los modelos electrificados y podría desacelerar su adopción, en un contexto donde las políticas públicas suelen apuntar a promover tecnologías más limpias.
Subas históricas y malestar creciente
De acuerdo con los testimonios de contribuyentes, el aumento en la valuación fiscal derivó en incrementos que, en algunos casos, duplicaron o incluso triplicaron el monto anual a pagar. Si bien desde el Gobierno porteño señalaron que no todos los vehículos se vieron afectados de la misma manera, el impacto fue suficiente para desatar una fuerte reacción social y mediática.
El cambio de referencia benefició directamente a las arcas de la Ciudad, pero dejó expuesto un debate de fondo: la utilización de precios de mercado privados para definir impuestos públicos, sin control estatal ni mecanismos claros de revisión.
Un tema que seguirá generando debate
Mientras se esperan posibles correcciones o aclaraciones por parte de la AGIP, el caso reabrió la discusión sobre la presión impositiva en la Ciudad de Buenos Aires, el rol de las entidades privadas en la fijación de valores fiscales y el futuro de los incentivos para la movilidad sustentable.
Por ahora, los aumentos ya están impactando en los bolsillos de los automovilistas porteños y el tema promete seguir en agenda durante los próximos meses.